Las poblaciones de peces se desplazan libremente siguiendo el impulso de sus instintos naturales en los espacios abiertos constituidos por los océanos. Los Gobiernos acordaron que las zonas económicas exclusivas se debían ampliar a 200 millas marinas medidas a partir de sus costas. Este acuerdo permitió la explotación de recursos naturales tales como el petróleo y el gas en los yacimientos encontrados. No obstante, dada la naturaleza de los recursos pesqueros, la gestión de los caladeros siempre ha sido una cuestión mucho más difícil de resolver.
Los peces constituyen un recurso natural, biológico, móvil y renovable. Su reproducción no requiere la intervención humana ni implica ningún coste. Sin embargo, su inconveniente reside en el hecho de que las poblaciones se desplazan sin control y, en algunos casos, emigran a grandes distancias. Por otra parte, no es posible apoderarse de un pez si no se ha capturado previamente y, de la misma forma, cada pez capturado deja de estar disponible para el resto de los pescadores, con lo que cada pescador se ve afectado por la actividad de los demás.
Esta dependencia y vulnerabilidad respecto de las actividades de los demás es inevitable. Las poblaciones de peces siguen considerándose un recurso común, que forma parte de un patrimonio común que debe gestionarse colectivamente.
Las políticas deben concebirse de tal forma que regulen las técnicas y los artes de pesca utilizados en la captura.
Para garantizar una pesca compatible con el medio ambiente hay que tener en cuenta no sólo las cantidades de peces capturados, sino también sus especies y tamaños y, por supuesto, las técnicas de captura utilizadas y las zonas en las que se ejerce la pesca.
Por consiguiente, si queremos trasmitir esta herencia a las generaciones futuras hay que concebir las políticas de forma que regulen el volumen de pesca y los tipos de técnicas y artes de pesca utilizados para la captura de los peces.
Gestión común
Por lo general, y a pesar de haber estado en ocasiones marcada por conflictos, la historia de la pesca se ha caracterizado por la cooperación para la búsqueda de soluciones a problemas comunes. La pesca y la acuicultura constituyen actividades importantes en la medida en que son una fuente de alimentos y de creación de empleo en las zonas costeras y rurales. No obstante, el éxito de estas dos actividades depende de la conservación de los ecosistemas marinos en que se ejercen. Las principales amenazas actuales son la sobreexplotación y la contaminación, cuyos efectos no conocen fronteras por lo que deben combatirse con acciones colectivas.
La pesca, la acuicultura y la Unión Europea
En la Unión Europea existe otro motivo para la gestión común del sector pesquero. Cuando se elaboraron las normas relativas a las obligaciones de la Comunidad, tal como se constituyó en su origen, se decidió que el sector pesquero, así como el agrícola, serían responsabilidad de la Comunidad, con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos.
Su futuro en la industria pesquera depende de prácticas de pesca responsables de hoy.
La Comunidad se creó para garantizar la paz y promover la prosperidad en Europa. Entre las políticas instituidas para alcanzar estos objetivos, se encuentra la promoción del desarrollo económico de las regiones que se enfrentan a una falta de empleos y de oportunidades. La pesca y la acuicultura desempeñan un importante papel en esta tarea de cohesión económica y social.
Así pues, una política pesquera común (PPC) es esencial para la Unión Europea y debe abarcar una dimensión biológica, económica y social de la pesca. La política pesquera común (PPC) deberá establecer medidas coherentes en los ámbitos de:
(a) conservación, gestión y explotación de recursos acuáticos vivos,
(b) limitación del efecto medioambiental de la pesca,
(c) condiciones de acceso a aguas y recursos,
(d) política estructural y gestión de la capacidad de la flota pesquera,
(e) control y observancia de las normas,
(f) acuicultura,
(g) organización común de los mercados, y
(h) relaciones internacionales.
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